Ha sido reiterativo en las últimas semanas desde la oposición el acusar al gobierno de no tener agenda fuera de la Ley de Reconstrucción, lo que una revisión detallada de la tramitación de proyectos de ley en ambas cámaras durante los últimos meses permite descartar (mercado de capitales, reforma al SAE, la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), entre otros).
Sin embargo, ¿estará consciente la ciudadanía de estos logros? Incluso observadores de la política quizás tampoco los tengan tan claros, ya que muchas de estas iniciativas terminan perdiéndose en titulares reiterativos o en la opacidad inherente del funcionamiento del Congreso. Parece difícil responder las siguientes preguntas: ¿qué busca cambiar cada iniciativa?, ¿qué queda abierto al debate y cómo se informa al público cuando el texto va cambiando durante su tramitación?
Parte del problema dice relación con la amplia cantidad de hitos que requiere un proyecto de ley, que debe enfrentar múltiples votaciones en comisiones y en sala, al menos dos y a veces tres trámites constitucionales, la eventualidad de una comisión mixta, y a veces incluso discusiones ácidas sobre la admisibilidad de proyectos.
Esta complejidad del proceso legislativo también afecta la manera en que se comunica. El legislador y los medios tienden a convertir cada hito de la tramitación en una noticia independiente, aun cuando se trate de un paso intermedio y no de la aprobación definitiva de una ley. Así, “la ley de X superó su primer trámite en la Cámara Y para pasar a la Cámara Z” puede transformarse fácilmente en “se aprobó la ley de X” o “aprobamos la ley de X”. En una comunicación política que debe ser cada vez más breve para llegar al ciudadano, especialmente a través de plataformas como Instagram o TikTok, se terminan perdiendo precisamente esas sutilezas que permiten entender en qué etapa está realmente una iniciativa y qué efectos concretos tiene.
Ni legislar es explicar ni viceversa. Y, de la misma forma en que el Gobierno debe comunicar mejor los avances y logros legislativos que ha impulsado, con el apoyo de ministros como Alvarado y García Ruminot, la política y los medios también deberían preguntarse cómo están explicando y presentando la labor parlamentaria.
Los costos asociados a no hacerlo o a sobresaturar de titulares efectistas pero no tangibles pueden ser precisamente alimentar la desafección de la ciudadanía hacia la política, de tal forma que un ciudadano puede preguntarse legítimamente por qué hay cosas que no cambian o avanzan si, supuestamente, la ley X ya fue aprobada.
O eso, al menos escuchó en redes sociales.