Compartimos con ustedes una nueva edición de Perspectiva Municipal, donde abordamos un caso que tensiona principios clave de la institucionalidad local: ¿puede una municipalidad contratar abogados para la defensa personal de un alcalde con recursos públicos?
Este análisis examina las implicancias del dictamen que declara improcedente dicha práctica, y reflexiona sobre los límites del poder, la ética pública y la rendición de cuentas en el nivel municipal. Una invitación a repensar el uso del poder local y la responsabilidad en la administración de lo público.
Lee el informe completo aquí: Perspectiva Municipal – Junio 2025
