En medio de un año decisivo para la democracia chilena, el Instituto Libertad ha puesto especial atención en el debate sobre el voto obligatorio y la participación de extranjeros en elecciones nacionales.
Hoy nos enfrentamos a una encrucijada. Mientras se discuten las sanciones por no votar, también se busca restringir el sufragio de los extranjeros avecindados en Chile. Aunque nuestra Constitución reconoce este derecho a quienes han residido en el país por más de cinco años, el Ejecutivo ha planteado limitarlo solo a elecciones regionales y locales, invocando el principio de reciprocidad y experiencias comparadas.
En un escenario en que la cantidad de ciudadanos venezolanos habilitados para votar ha crecido exponencialmente —pasando de 9.247 en 2021 a más de 130 mil en 2024—, resulta inevitable preguntarse si esta discusión responde a principios o a cálculos electorales. Las cifras del SERVEL muestran que más de 886 mil extranjeros podrán votar este año, lo que convierte este tema en una cuestión no solo jurídica, sino política.
Creemos que, si bien es legítimo abrir el debate sobre el voto extranjero, hacerlo a meses de una elección y sin un acuerdo legislativo claro puede derivar en un escenario contradictorio: voto obligatorio sin sanción para nadie. Esto debilita nuestras reglas del juego democrático y siembra incertidumbre.
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