Columna de Pedro Pizarro en Ex-Ante
Aún es tiempo para que la actividad legislativa apalanque el crecimiento. Difícilmente iniciativas en esta línea no tendrían apoyo en el Congreso. Pero falta algo primordial: la convicción del Presidente Boric. Ante la evidente parálisis del Ejecutivo en ese ámbito, la pregunta es si el Congreso se puede hacer cargo de medidas “pro-empleo”.
El último Informe de Política Monetaria del Banco Central (IPoM) revisó temas clave para nuestra economía. Esta vez, el reporte incluyó un análisis sobre el comportamiento del mercado laboral que indicó que el empleo en Chile ha tenido un crecimiento acotado y que la cesantía se ubica sobre los niveles previos a la pandemia.
El IPoM aborda algunos elementos que explican este escenario: el aumento de costos laborales, debido al incremento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas, leyes aprobadas durante este gobierno. Algunas cifras: tras la aprobación de la Ley 21.587, se acumuló un alza de 24,5% del salario mínimo entre abril de 2023 y enero de 2025, mientras que el aumento del IPC fue de 7% en ese periodo.
Otro dato: el índice de remuneraciones medido por el INE mostró un aumento del 14,2% en ese mismo lapso. Es decir, la nueva legislación afectó al mercado laboral: sí, en momentos en que se requiere una activación económica pues las proyecciones de crecimiento del país siguen siendo modestas, según el mismo IPoM.
El informe del Banco Central ahonda en el comportamiento reciente de los salarios y el empleo. Entre 2022 y 2025, las medidas legislativas han aumentado tanto los salarios promedio como la tasa de desempleo. Respecto a los primeros, el efecto en el nivel del salario real ha sido del orden de 1,1%, en promedio, cuando se consideran todas las políticas, y de 0,85%, cuando se trata solo del salario mínimo. En el desempleo, se estima un aumento de hasta 0,3pp respecto de su nivel de largo plazo.
El reporte también revela cambios en las empresas. Se afirma que en los últimos años se ha consolidado un “nuevo equilibrio organizacional” con dotaciones laborales más reducidas. Esto no solo se explica por la evolución de la actividad económica o el aumento de costos, sino también por la introducción de nuevas tecnologías, la reorganización del trabajo y las presiones regulatorias.
Con esta combinación de factores es importante generar una batería de medidas de protección a los trabajadores para que no sólo encuentren empleo, sino que lo puedan mantener.
Ante la evidente parálisis del Ejecutivo en este ámbito, nuevamente surge la pregunta sobre si realmente el Congreso se puede hacer cargo de medidas “pro-empleo”. Así, se está discutiendo el proyecto de ley que crea el “Subsidio Unificado al Empleo” que reemplazará tres programas históricos que hoy se implementan de forma separada: el Subsidio al Empleo Joven, el Bono al Trabajo de la Mujer y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes. Con este modelo, se buscaría aumentar los montos de apoyo, con un subsidio combinado de hasta $185 mil mensuales.
Aún es tiempo para que la actividad legislativa apalanque el crecimiento. Difícilmente iniciativas en esta línea no tendrían apoyo en el Congreso. Sin embargo, falta algo primordial para que ello ocurra: la convicción del Ejecutivo, de actuar de manera coherente y decidida en esa línea. Llegó el momento de dejar ideologías y dogmas de lado y centrarse en los problemas reales de aquellas personas que buscan y no encuentras un trabajo digno y formal.
