El otorgamiento de la libertad condicional en Chile ha quedado en tela de juicio, a partir de una serie de hechos de sangre recientes, los cuales han conmocionado a la opinión pública. El caso más resonante es el de Ambar Cornejo, cuyo asesino, Hugo Bustamante, pese a estar condenado por asesinar a su pareja y al hijo de 9 años de ésta, fue uno de los 1.600 reclusos que recibieron este beneficio de parte de las distintas cortes de apelaciones del país.
En este contexto, el Instituto Libertad organizó un conversatorio para revisar el proceso de otorgamiento de la libertad condicional, pero por sobre todo, cómo y de qué manera se debe considerar a las víctimas en este proceso deliberativo y que hoy es materia de un proyecto de ley que sigue en tramitación en el Congreso.
El diputado Andrés Longton, miembro de la comisión de Constitución de la Cámara, y el abogado Héctor Arancibia, coordinador legal de la Fundación Amparo y Justicia, fueron los encargados de exponer su parecer sobre las consideraciones jurídicas que se deben aplicar en esta materia y al mismo tiempo, las reformas que deben implementarse en las comisiones que otorgan este beneficio.
Con relación al contenido del proyecto, si bien el abogado Héctor Arancibia destacó su significativo avance, al mismo tiempo precisó algunas falencias que deben ser mejoradas: “El proyecto de ley establece que una vez que se inicien los procesos de libertad condicional, las comisiones tienen el deber de informar a la Fiscalía, y es la Fiscalía la que debe informar a las víctimas. Una de las deficiencias que tiene el proyecto es que no regula tiempos, de cuanto se demore eso (…) No sirve de nada eso, para que las víctimas puedan manifestar su parecer y oponerse, si esto se hace a destiempo y si finalmente la información a las víctimas les llega con posterioridad a que las comisiones resuelvan”.
Además, el coordinador legal de la Fundación Amparo y Justicia recalcó un aspecto que está ausente en la legislación que se está proponiendo y que a su juicio es crucial que se incorpore, y que tiene relación con la posibilidad de que las víctimas recurran a las resoluciones de las comisiones de libertad condicional, tal como lo hacen en la práctica las defensas de los condenados a través de recursos de amparo.
Por su parte, el diputado Longton junto con compartir la visión de su colega abogado, señaló lo que hoy impera en materia de participación de las víctimas y lo que se busca en el mediano plazo: “Muchos creen que el fiscal es el abogado de las víctimas y eso no es así. Es decir, se genera una desprotección y un desequilibrio desde el punto de vista del acceso a la justicia que tiene que ser corregido. Estamos en la lucha de crear una Defensoría de las Víctimas, ojalá lo más parecido a la Defensoría Penal Pública”.
Así también destacó los avances en materia de legislación penal que busca establecer el proyecto discutido: “El homicidio simple en nuestro país se le exige solamente la mitad de la pena para acceder al beneficio de la libertad condicional. Y delitos como el robo con violencia e intimidación, delitos como tráfico de drogas, incluso la ley Emilia, te exige dos tercios. Entonces nuestro país se está basando en el absurdo de que estamos valorando más la propiedad que la vida de las personas”, sentenció.