A siete años de haberle entregado a la expresidenta Bachellet el informe final de la comisión que llevó su nombre, David Bravo fue invitado por el Instituto Libertad a exponer sus consideraciones sobre los aspectos más relevantes que debería incluir la esperada reforma al sistema de pensiones.
La reunión, en la que participaron investigadores y directivos del Instituto Libertad, se extendió por casi dos horas, oportunidad en que el experto valoró como un avance significativo la Pensión Garantizada Universal PGU, pero enfatizó que la reforma al sistema de pensiones no puede esperar y es imperativo que el Gobierno envíe un proyecto contundente al congreso durante su primer año de mandato.
Con respecto al contenido del mismo de la reforma, Bravo señaló que el diagnóstico y los grandes lineamientos ya habían sido elaborados por la Comisión que presidió, los que en gran medida estaban recogidos en los proyectos de reforma que se enviaron al congreso.
“Es evidente que tenemos que pensar en un sistema de pensiones, que incorpore la capitalización individual como una parte fundamental y un componente solidario que permita llegar a una tasa de retorno del orden del 66% que es la que logran los países europeos”, señaló.
La discusión debe enfocarse en cómo mejorar las pensiones y construir un sistema que sea reconocido y legitimado por la ciudadanía, para lo cual es necesario invertir mucho tiempo y energía en explicarlo. Respecto de cómo se configura ese sistema señaló que ningún país construye desde cero, “así como los países en que prevalecía un sistema de reparto, avanzan progresivamente hacia un sistema mixto que incorpore la capitalización individual y la rentabilidad de los fondos, nosotros debemos perfeccionar el nuestro e incorporar más elementos de solidaridad”, explicó Bravo.
Durante la jornada se analizó distintos aspectos que podría contener una reforma, como por ejemplo circunscribir la recaudación en un ente estatal, con administradoras de fondo privadas que gestionen los recursos y su rentabilidad, conservando la libertad de los ahorrantes para elegir el ente -público o privado- que administre sus fondos.