Investigación del Instituto Libertad revela que proyectos de seguridad del Gobierno han prosperado gracias a la colaboración de la oposición

 

En una reflexión detallada sobre la dinámica legislativa en materia de seguridad, desde el Instituto Libertad queremos compartir con nuestra comunidad una perspectiva crítica respecto a la gestión del Gobierno en este ámbito crucial para el bienestar de nuestros ciudadanos. A pesar de que el Gobierno ha presentado diez proyectos de ley con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, sorprendentemente, ha sido la oposición, y no los parlamentarios oficialistas, quienes han desempeñado un papel clave para que gran parte de esta agenda avance.

 

Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, subraya que en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en general, ha habido una notable resistencia dentro del oficialismo, con numerosas votaciones en contra y abstenciones, especialmente por parte de los miembros del Frente Amplio y el Partido Comunista. Esta situación evidencia una profunda contradicción interna dentro del Gobierno, que intenta, no obstante, atribuirse el mérito por una agenda de seguridad que ha sido impulsada y sostenida gracias a la insistencia de Chile Vamos desde el Congreso.

 

La administración del Presidente Boric ha hecho esfuerzos por posicionarse como líder en la respuesta a la crisis de inseguridad que afecta al país, a través de diversas apariciones públicas. Sin embargo, estas acciones parecen más bien intentos por gestionar una imagen, en lugar de abordar de manera efectiva los desafíos que enfrentamos. El Instituto Libertad ha llevado a cabo un análisis meticuloso de las votaciones sobre los proyectos de ley de seguridad, revelando una preocupante tendencia de rechazo y abstención entre los parlamentarios del oficialismo.

 

Entre las legislaciones más afectadas por este fenómeno se encuentran las leyes «Naín Retamal», destinada a reforzar la protección de las fuerzas policiales, y la ley contra las «Usurpaciones», que busca regular las ocupaciones ilegales. Pero es la ley dirigida a combatir el crimen organizado la que ha enfrentado la mayor oposición interna, con un total de 63 votos en contra y abstenciones por parte del oficialismo.

 

Esta realidad contrasta con la narrativa gubernamental que destaca los avances en materia de seguridad, omitiendo el crucial apoyo de la oposición y la disidencia interna. Luis Pardo, presidente del Instituto Libertad y exdiputado, enfatiza que incluso en proyectos críticos como la renovación de los estados de excepción, una significativa proporción de diputados oficialistas han votado en contra o se han abstenido, lo que demuestra la complejidad de alcanzar consensos incluso dentro del propio espectro gubernamental.

 

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