El pasado 2 de junio el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) cumplió siete años en el gobierno encabezado por el Presidente Pedro Sánchez, quien en 2017 logró sacar adelante la moción de censura parlamentaria que puso fin al gobierno de Mariano Rajoy (PP).
Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa prometiendo a los españoles liderar una regeneración democrática, tras los casos de corrupción que afectaron al PP y que terminaron tumbando el gobierno de Rajoy. El líder socialista prometía también “normalizar” la vida democrática buscando una vía para las negociaciones con los partidos nacionalistas vasco, y sobre todo con el independentismo catalán luego de la realización de un referéndum ilegal y la fuga del entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
En esta compleja ruta, llena de pactos y transacciones que, en algunos casos superan el marco legal constitucional, le acompaña hasta el presente, la extrema izquierda de Podemos y de Sumar (ex Izquierda Unida-Partido Comunista, más otros grupos políticos similares) y, ciertamente los partidos referidos nacionalistas mediante su apoyo parlamentario.
En este junio no hubo celebraciones por parte del autodenominado “gobierno progresista,” ya que se encuentra enfrentado a varios casos de corrupción que afectan a dos ex secretarios de organización del PSOE: Santos Cerdán y José Luis Ávalos, al mismo tiempo ex ministro de transportes durante la pasada legislatura.
Los cargos son de grueso calibre y han sido puestos en conocimiento público por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la que ha difundido un informe que contiene sólidos indicios contra Santos Cerdán. De acuerdo a varios audios, el hasta ahora número tres del partido, habría facilitado el reparto de comisiones en dinero a privados a cambio de adjudicaciones de obras públicas por parte del ex ministro de transportes y de su entonces asesor, Koldo García.
En reacción a estos hechos, Sánchez compareció recientemente ante el Congreso de los Diputados para pedir perdón a los españoles y prometer medidas en contra de la corrupción, más sin escuchar a los partidos de la oposición; PP y Vox que han pedido la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
A los anteriores casos de corrupción se suman las investigaciones judiciales que afectan al hermano del Presidente del Gobierno y a su esposa de Sánchez, Begoña Gómez. Durante el debate parlamentario del 9 de junio han salido nuevos antecedentes acerca de los eventuales vínculos del suegro de Sánchez con una red familiar de prostíbulos, crispando a niveles poco habituales la intensidad de la sesión de control parlamentario semanal al gobierno.
Como si lo anterior fuera poco, en las grabaciones dadas a conocer por la UCO, se alude a las elecciones primarias internas del PSOE en 2014 en las que resultó elegido Sánchez como nuevo Secretario General del partido. De acuerdo a las conversaciones de Cerdán, se habría cometido un fraude electoral, hecho que ya en aquel año se comentó, pero respecto del cual no había pruebas que citar, tal como lo son los audios referidos.
Ante estos hechos, cabe preguntarse qué futuro tiene el actual gobierno. La respuesta no es difícil de brindar, ya que el mismo Sánchez ha repetido en varias oportunidades que “hay gobierno progresista para rato” y que los antecedentes conocidos de la corrupción rampante “son bulos (rumores) difundidos por la derecha y la ultra derecha política y mediática.”
En medio de este clima enrarecido el Presidente del Gobierno no reconoce, ni ve riesgo alguno para la democracia española que, por si misma parece no ser capaz de poner fin al actual Ejecutivo. Al respecto, hay que tener presente que mientras Sánchez cuente con el respaldo parlamentario de nacionalista vascos e independistas catalanes (por no nombrar a Bildu, partido de extrema izquierda separatista vasco), no habrá elecciones generales anticipadas en España.
Es precisamente, este respaldo el que mantiene a Pedro Sánchez en La Moncloa y con tal de preservarlo, Sánchez –como hasta ahora- efectuará concesiones que, incluso, superan el marco constitucional español. Así lo ha hecho saber el Poder Judicial sin que el gobierno tome nota de las críticas acerca de la ilegalidad de varias de estas concesiones, insistiendo en que elecciones habrá, pero en 2027, vale decir cuando la Constitución lo mande y no cuando lo pida la oposición ni el clamor de una parte de las propias filas de su partido, que ven con alarma la magnitud de la corrupción y de las transacciones que Sánchez ofrece recurrentemente a sus socios parlamentarios.
