A más de 16 meses del devastador incendio que afectó a la región de Valparaíso en febrero de 2024, un informe del Instituto Libertad advierte una preocupante lentitud en el uso efectivo de los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio (FET) por Incendios, creado por la Ley N°21.681 y que dispone hasta 800 mil millones de pesos para la reconstrucción.
Según el documento, de las 4.609 viviendas dañadas solo 114 han sido reconstruidas y 876 están en obra. Esto significa que más de 3.500 familias aún no cuentan con una solución habitacional definitiva, incluyendo 939 familias catalogadas como “no hábiles” para acceder a subsidios.
El problema, destaca el informe, no es presupuestario: al 30 de junio de 2025 se habían ejecutado apenas $8.340 millones, equivalentes al 14,6 % del presupuesto disponible de $57.033 millones. Este nivel de ejecución está muy por debajo de los estándares internacionales, donde se considera normal alcanzar entre 25 % y 30 % solo en el primer trimestre posterior a una catástrofe.
Críticas a la gestión y decisiones políticas
El Instituto Libertad subraya que la lentitud responde a malas decisiones políticas y técnicas, además de deficiencias de gestión tanto en el nivel central como regional. Entre los problemas identificados se mencionan:
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La aplicación de criterios burocráticos propios de procesos habitacionales normales, en lugar de un enfoque de emergencia.
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Una insuficiente cobertura a familias que poseen más de una vivienda, excluidas injustamente del beneficio.
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La falta de coordinación entre municipios, SERVIU y autoridades centrales, que generó confusión y retrasos en demoliciones, vinculaciones y asignación de proyectos.
Ejecución crítica en subsidios
Los programas clave para entregar soluciones definitivas muestran cifras alarmantes:
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Fondo Solidario de Elección de Vivienda: solo 8,4 % de ejecución.
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Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios: apenas 1,9 %.
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Sistema Integrado de Subsidios: 21,1 %.
“El bajo desempeño en estos programas pone en riesgo la credibilidad del proceso y retrasa el cierre de campamentos o la transición hacia viviendas definitivas”, concluye el informe.
Recomendaciones
El Instituto Libertad propone una serie de medidas para corregir el rumbo de la reconstrucción, entre ellas:
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Modificar el DS 332 para simplificar la habilitación de damnificados y evitar exclusiones.
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Extender la vigencia de la Ley N°21.681 más allá de 2026 para asegurar la utilización completa del fondo.
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Incorporar mecanismos de expropiación similares a los usados en Chaitén, que permitan reconstruir barrios completos de forma más rápida.
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Crear una institucionalidad específica para la reconstrucción, con capacidad resolutiva y de coordinación intersectorial.
“El discurso de una ‘reconstrucción con dignidad’ contrasta con la realidad de miles de familias que siguen esperando una vivienda. Se requiere urgencia, claridad normativa y liderazgo político para cumplir con ellas”, señala el análisis.
Descarga el informe aquí: Informe Reconstrucción – Ejecución FET – 2025.
