“El Estado tiene que dar señales”. Con estas palabras, y a pocas horas de conocer la sentencia para los dos condenados por el asesinato de su pequeña hija Tamara, Raúl Moya, comenzó su exposición en el foro organizado por el Instituto Libertad, titulado “Las víctimas de delito en la agenda pública”, el cual fue moderado por Paulina Rodríguez, investigadora experta en seguridad, y que además contó con la participación de Erika Maira, Gerenta Nacional de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.
Este padre que vio en la muerte de su hija la inspiración para actualmente tramitada “Ley Tamara”, se refirió a las políticas públicas que debería implementar Chile como país en materia de seguridad, y en ese sentido, tuvo importantes críticas para el trabajo de la Convención Constituyente.
“Nosotros con el colectivo ‘Primero las Víctimas’ (movimiento social que lidera junto a otras personas que han sufrido el asesinato de un ser querido) presentamos una iniciativa popular de norma, que estuvo entre las 10 o 15 más votadas, y sin embargo no se acogió nada de eso”, señaló.
Asimismo, entregó más detalles de lo que fue su lucha por consagrar en la nueva carta magna el apoyo manifiesto a las víctimas, situación que a su juicio no se consiguió. Durante su relato señaló que se reunió personalmente con un convencional, quien intentó tranquilizarlo luego que en el pleno se rechazar una serie de iniciativas en este sentido, ya que el argumento que recibió fue que “había un grupo de convencionales que estaban preparando una propuesta en relación a la defensa de las víctimas”, sin embargo y para su total decepción, “Al final, en el borrador de la constitución, no apareció nada”.
Por contraparte, no escondió su sorpresa al saber que en la propuesta que será sometida a la aprobación de la ciudadanía el próximo 4 de septiembre, “Sí aparecen derechos de las personas que están privadas de libertad, que incluso les permiten votar”.
CRÍTICAS AL GOBIERNO
Si bien Raúl aclaró que para él “Esto no pasa por el Gobierno de turno”, sí se mostró decepcionado por las prioridades que ha exhibido el Gobierno actual, ya que dentro de la agenda legislativa no hay ningún proyecto de ley que tenga que ver con seguridad pública que cuente con suma urgencia o discusión inmediata. Por lo demás, coincidentemente, justo hoy, en que se conocerá la sentencia para los dos condenados por el crimen de su pequeña hija, vence el plazo para que los senadores presenten indicaciones en la discusión de la “Ley Tamara”.
Por su parte, también aprovechó de detallar el tenor del encuentro que sostuvo junto a su agrupación con la ministra del Interior, Izkia Siches, instancia en la cual según sus propias palabras, se tomó la libertad de decir que querian dos cosas en concreto. “La primera es que haya una figura de primera línea del Gobierno que apoye el proyecto, ojalá el Presidente”, cosa que hasta aquí no pasó. Y lo segundo, “era que al proyecto de ley Tamara se le pusiera discusión inmediata” y el resultado fue que “lo dejaron con urgencia simple”.
Por último, si bien Raúl quiso destacar el trabajo de la Unidad de Atención a Víctimas de la fiscalía, igualmente señaló que este “No da abasto para la cantidad inmensa de victimas que hay en el país”. Al mismo tiempo precisó que hay un desequilibrio en los “los montos siderales” que a su juicio gasta el Estado en mantener a la población penal y a la Defensoría Penal Pública anualmente, sin embargo, con las víctimas “No hay algo tan básico como garantizarles una atención mental de calidad”, para seguir con sus vidas “lo más normal posible” a pesar del dolor.
En tanto que para Paulina Rodriguez, profesional del Instituto Libertad experta en materias de prevención, seguridad y atención a víctimas de delito, “Es fundamental instalar en la agenda pública y política la atención a las víctimas de delito y el rol de ellas en el proceso de acceso a la justicia, es un eslabón que queda fuera de las discusiones entorno a la seguridad.”
