A más de un mes del apagón informático que afectó a la plataforma de Lobby —herramienta oficial del Estado encargada de gestionar y publicar las audiencias entre autoridades y gestores de intereses—, persiste la inactividad del sistema sin que la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), responsable de su operación, haya entregado una explicación clara ni un plazo concreto para su reposición.
Diversas autoridades, como el concejal de Peñalolén, Ignacio Sánchez, han hecho públicas sus críticas. Sánchez ha sido enfático en advertir que esta situación no solo entorpece la labor de los representantes locales, sino que pone en jaque principios fundamentales del ejercicio público, como la probidad y la transparencia.
“Considero impresentable que haya pasado más de un mes y aún no exista información oficial, ni mucho menos una solución, cuando son cientos las autoridades —concejales, alcaldes, entre otros— que han reclamado por esta situación. Afecta directamente la transparencia de la función pública”, señaló Sánchez a El Líbero.
A su voz se sumó la de nuestro Director Jurídico del Instituto Libertad, el concejal de Lo Barnechea Juan Luis Chomalí, quien junto a Sánchez y el concejal de Vitacura, Carlos Cruz-Coke Carvallo, envió una carta al director del medio El Líbero reclamando por la falta de comunicación oficial de parte del Gobierno: “El Gobierno no nos informó cuando comenzaron a producirse los problemas, ni tampoco hemos recibido noticia alguna sobre sus causas o posible fecha de normalización”, sostuvieron en la misiva.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, también hizo pública su crítica a través de redes sociales, calificando como “increíble” que aún no se haya solucionado un problema que ha dejado inoperativa la plataforma para todos los servicios públicos, sin explicación clara ni compromiso de solución.
Frente a esta situación, la Comisión de Integridad Pública y Transparencia de Segpres señaló que ha enviado recomendaciones a cerca de 1.950 administradores institucionales del sistema para mantener operativa la gestión de audiencias de manera manual. Sin embargo, desde el mundo municipal y parlamentario ya se advierte que esta solución improvisada no da garantías de registro ni fiscalización efectiva, dejando espacio para opacidad y arbitrariedad en un ámbito especialmente sensible de la gestión pública.
Desde el Instituto Libertad reiteramos que la transparencia no puede ser vulnerable a la inacción del Ejecutivo, y que es deber de las autoridades garantizar sistemas funcionales, auditables y estables para el acceso de la ciudadanía a sus representantes. La Ley de Lobby existe para prevenir conflictos de interés y asegurar un estándar mínimo de trazabilidad; por ello, su implementación efectiva debe ser una prioridad del Estado, no una carga opcional.
